POR LA VÍA, POR LA VIDA

Por Mary Bottagisio, Directora Ejecutiva de la Fundación Liga Contra la Violencia Vial

La próxima semana se celebra en la ciudad de Nueva York la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Vial Mundial. Esta reunión responde a la Declaración 74/299 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de mejorar la seguridad vial mundial, que proclamó el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 y estableció el objetivo de reducir en al menos un 50% las muertes y lesiones graves por siniestros viales para 2030.

Colombia no ha sido ajena a los compromisos de luchar contra este flagelo. En 2011 el gobierno colombiano adhirió a los compromisos de disminuir en un 50% las muertes y lesiones de cara al 2020. Para ese decenio se formuló un Plan Nacional de Seguridad Vial; el Congreso y el gobierno colombiano crearon el organismo líder que tanto recomendaban las Naciones Unidas; se asignaron importantes recursos; se elevó a Política de Estado la Seguridad Vial en el Plan Nacional de Desarrollo y, posteriormente, se ajustaron estas metas ya que “parecía razonable” ser menos ambiciosos.

En ese mismo decenio, se promulgaron varias leyes, decretos y resoluciones, como la Ley Merlano y la Ley de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía. Incluso, el Congreso conformó la Comisión No Permanente de Seguridad Vial que sesionó con varios integrantes de la Comisión Sexta del Senado hasta 2018.

Parecía entonces que todo estaba dispuesto para quebrarle el espinazo al flagelo, pero no fue así. Si bien se hicieron mayores inversiones en la política pública, el retorno social fue totalmente deficitario. Hoy, estamos ad portas de otro fracaso colectivo. 2021 lleva el título del año más mortífero del siglo, y se avista que el 2022 podría superarlo; en lo corrido del año las muertes por siniestros viales han aumentado un 19%. Podríamos imputar el fenómeno al COVID 19 y al aumento del parque automotor y de desplazamientos, argumentos que pierden su piso cuando otros países como Francia, con mayor parque automotor y número de desplazamientos, no presentaron este mismo fenómeno.

Dicen los profesores Elvik y Vaa que la acción de los poderes públicos en favor de la seguridad vial es determinante para lograr los objetivos de reducir el costo en vidas de los hechos de tránsito; costo que esta debacle ha materializado en más de 2 millones de años de vida potencialmente perdidos para el país en la última década. Lo teníamos todo pero no tuvimos la valentía de tomar las medidas, impopulares pero necesarias, para alcanzar el objetivo. No es magia, la ecuación para resolver el problema está planteada, sólo hace falta la voluntad al más alto nivel del ejecutivo para ajustar las variables y aumentar la probabilidad de obtener el resultado deseado.