El pasado 28 de abril, en un ataque armado, los niños del Tarra – Norte de Santander quedaron en la mitad del fuego cruzado cuando celebraban el día del niño. No cabe la menor duda de que fue un acto infame, criminal, vil y despiadado, por decir lo menos. Así como lo es cualquier otro tipo de violencia que mutila los derechos inalienables e irrenunciables de los niños que el Estado y todos sus elementos constitutivos deben proteger.
Recordemos que un 28 de abril de 2004, el país enlutado lloraba los 21 niños del colegio Agustiniano, un hecho que nos marcó para siempre. Justo 10 años después, el 14 de mayo de 2014, las imágenes del vehículo de transporte escolar que transportaba a los 33 niños en Fundación- Magdalena conmocionaron al mundo. Año tras año convivimos con tragedias similares, este año, en el mes de marzo, deploramos la vida de los 6 niños de San Andrés Santander en un bus de transporte escolar que rodó cuesta abajo.
Estos padecimientos humanos se han convertido en el pan de cada día. El pasado 3 de mayo, Jader y Rafael, a tan solo unos pocos kilómetros del municipio Fundación, saliendo de su escuela en Aracataca y camino a sus casas, encontraron la muerte. Ellos se desplazaban en la única opción de transporte escolar que tienen muchos niños del país: en una motocicleta. Iban tres, fueron arrollados por una volqueta, solo Jainer sobrevivió. Este próximo 18 de mayo, a la memoria de los 33 niños de Fundación, se añadirán la memoria de Jader y Rafael.
Así como lo que pasó en el Tarra es otro de los tanto hechos violentos que se enmarca en las diferentes formas de violencia en la humanidad de los niños, las muertes en las vías también se caracterizan como muertes violentas por lesión de causa externa, las hubiéramos podido evitar y prevenir. Y si bien pueden no ser actos comparables por la sevicia y maldad subyacentes, el resultado para la vida de los niños es el mismo.
Esta es la realidad que todos terminamos inermes aceptando y, peor aún, justificando: 24% de las muertes de niños menores de 14 años por siniestros viales ocurren como usuarios de moto, el 39% como peatones, el 10% en una cicla y el 23% en un vehículo (4% otros y sin información). Tan solo en el año 2021, de los 113 niños entre los 10 y los 14 años que murieron en siniestros viales, 53 lo hicieron en una moto, ¡22 de ellos lo hacían como conductores!
Cada día en las vías de los municipios, sobre todo de los más pobres, sin horrorizarnos ni escandalizarnos permitimos que nuestros niños se desplacen en moto. Es parte del paisaje ver uno, dos, tres y hasta cuatro de ellos montados en una moto, y sólo decimos “esa es la realidad del país“. Es decir, pintamos nuestras realidades de colores donde unas son aceptables y otras no. Incluso, vemos a los padres con casco, mientras la humanidad de los niños viaja perfectamente desprotegida, y no porque el padre privilegie su seguridad antes de la del niño, sino para lograr más indulgencia y compasión a la hora de ser sancionado con una multa. Entre el polvo de las vías se mezclan la ignorancia y la necesidad.
Según la Encuesta de Calidad de Vida – DANE -2019, el 69% de los desplazamientos en zona rural se hacen a pie y en moto, así que, para muchos de los escolares en zona rural la moto no es una opción, es la única opción. Se sabe que, por las condiciones antropomórficas y antropométricas de los niños, ellos no deben usar las dos ruedas motorizadas como medio de transporte. Es el juego de la ruleta rusa.
Habida cuenta del drama que viven nuestros niños en las carreteras y vías del país, se debe plantear incluso antes que la educación, la calidad y la cobertura, cómo vamos a garantizar la seguridad de 25 millones de viajes diarios de los niños y adolescentes en edad escolar. Lo que no puede seguir pasando es que nos arropemos con la excusa de que “es nuestra realidad” para justificar lo que en otros casos sí salimos a condenar.
Si, en nombre de nuestra realidad, vamos a seguir permitiendo que nuestros niños, niñas y adolescentes usen las dos ruedas motorizadas, entonces debemos exigir más y mejores condiciones para esas máquinas. Recordemos que Colombia es de los pocos países que no tiene ningún tipo de regulación para las condiciones de fabricación y ensamble de las motos.
Este no es solo un problema que afecta a los niños; cada año más de 4.000 usuarios de moto pierden la vida en las vías del país. La distribución de las motos por estrato se concentra en la base de la sociedad donde, en 2019, los estratos 1-2-3 poseían el 88%. Pero no contentos, también hemos aumentado el riesgo para las mujeres donde el uso de la moto ha “ganado popularidad”. Mientras en 2014, de los usuarios que se desplazaban en motocicleta para ir a trabajar, el 24% eran mujeres, en 2021 aumentaron hasta el 38%.
Un reciente proyecto de resolución de marzo busca que al menos se empiece a exigir que tengan un sistema de frenado ABS o combinado. Según el análisis de impacto normativo que sustenta este proyecto, se puede evidenciar que se lograrían efectividades entre 24% y el 34% en reducción de lesionados por siniestros en moto y 31% de reducción en fallecidos si las dos ruedas motorizadas estuvieran equipadas con sistema de frenado ABS. Esto representaría haber evitado hasta 4.300 lesiones corporales y haber salvado la vida de hasta 1.336 motociclistas en 2021; cerca de 4 vidas salvadas cada día.
Es escandaloso que hayan tenido que transcurrir 15 años, durante los que dejamos morir a tantas personas en una motocicleta, a tantos peatones víctimas de los motociclistas, y que apenas hoy tengamos un proyecto de resolución para exigir un sistema avanzado de frenado.
¿Cuántos niños tendrán que morir para que finalmente entendamos que la moto no puede convertirse en el transporte escolar en el país no obstante nuestra realidad? Y es que eso es lo que deben hacer quienes aspiran a dirigir los destinos de los colombianos, transformar la realidad, no aceptarla y pedirnos que la aceptemos.