Mary Bottagisio

Buen viento y buena mar

Con la radicación de la reforma tributaria, el nuevo gobierno de
Colombia emprende una de las mayores búsquedas de recursos para
atender necesidades de diversa índole. Las muertes y lesiones por
siniestros viales son el gran pendiente que sí o sí se debe atender.

Taciturno, así fue como muchos percibimos por momentos al presidente Gustavo Petro durante el acto de posesión presidencial. Y no es para menos, él se ha comprometido a tener éxito donde ha habido profundos fracasos. Solo el peso de la responsabilidad en unos hombros que han proclamado a Colombia como potencia mundial de la vida, reciben hoy un país con todas las causas de muertes y lesiones violentas por lesión de causa externaen aumento.

La demayor aumento, las muertes y lesiones por siniestros viales; con un 14,46 % más de vidas humanas perdidas y un 65,47 % en lesiones corporales comparado con 2021, superando la violencia interpersonal e intrafamiliar, según el último boletín (junio) publicado por el Instituto Nacional deMedicina Legal y Ciencias Forenses. Razones potentes que explican esa mirada perdida y solemne con la que asumió el presidente el destino de toda una nación al que llega, justamente, con la bandera de la vida.

Un país en el que la primera causa de muerte violenta por lesión de causa externa en la población femenina son los siniestros viales, compleja situación para un gobierno que reivindica los derechos de las mujeres y donde ellas puedan también “vivir sabroso”; derechos que pasan, por supuesto, por lo menos por poder moverse sin tener que morirse en el intento de acceder a todos sus otros derechos ciudadanos, que también les son esquivos. Un país que no ha querido, sabido o podido yugular un flagelo que año tras año acaba con la vida de más de 4.500 hombres, en su mayoría jóvenes en plena edad productiva, siendo así la quinta causa de muerte sobre todas las causas de defunciones no fetales en la población masculina.

Un flagelo que afecta a los de menores ingresos, profundizando las trampas de pobreza porque lamovilidad de los más pobres y de territorios más alejados es un problema no resuelto del que hemos hablado por décadas sin encontrar una solución efectiva. Un flagelo del que ni siquiera los niños se escapan, porque pese a los recursos que se destinan a través del Sistema General de Participación para los desplazamientos escolares, los niños continúan muriendo en condición de vulnerables. Es justo ahí donde los ministros deberán “poner su corazón ”: en los grupos sociales más excluidos, que son los más afectados por las muertes y lesiones en siniestros viales.

Bien lo dijo el presidente en su discurso, el único indicador a la inversión social es el número de vidas salvadas; ni la paz ni el bienestar pueden darse con un país que está en guerra en las vías.

El retorno social a las inversiones se mide exactamente en vidas salvadas y en la disminución de la gravedad de las lesiones, no podemos seguir confundiendo gasto con inversión a la hora de hablar de la política de seguridad vial. Estamos en mora de valorar el daño económico, porque el humano ya lo conocen bien quienes hanpadecido el flagelo, quizá así empecemos a preocuparnos menos y a ocuparnos más de la eficiencia y eficacia de nuestras políticas públicas. La Organización Mundial de la Salud valora las pérdidas de las vidas humanas y la carga por enfermedad hasta en un 5 % del PIB enpaíses como Colombia, eso suena etéreo, pero la realidad es que ningún país de América Latina ha logrado tener éxito en la lucha contra el flagelo, pero para la Unión Europea, que logró prevenir 57.000 muertes por siniestros viales
entre 2011 y 2021, representó un ahorro de 64.000 millones de euros (PIN report, ETSC).

Con la radicación de la reforma tributaria, el nuevo gobierno de Colombia emprende una de las mayores búsquedas de recursos para atender necesidades de diversa índole. Se hace alusión a la atención de problemas en materia de educación, salud y seguridad, por lo que se buscan algo más de 25 billones de pesos. La paradoja en Colombia es que no siempre más ingreso significa la mejora de las condiciones actuales. La seguridad vial es un vivo ejemplo de ello. Una política coherente, seria y sostenida de seguridad vial lograría salvar vidas y disminuir el número de lesionados por siniestros viales, lo cual impacta de manera directa el gasto esperado en atención de servicios de salud. Menores gastos de salud implican menor presión tributaria para atender necesidades en salud y en seguridad. Además, los centros de salud podrían brindar los servicios disponibles a la atención de otras patologías que igualmente demandan recursos importantes. No se necesitan más recursos para atender víctimas de siniestros de tránsito. Se necesita con urgencia que el número de víctimas y su gravedad disminuya.

Colombia al igual que muchos países de América Latina carecía de recursos para romperle el espinazo al flagelo. A diferencia de muchos países de la región, Colombia ahora cuenta con recursos e institucionalidad para la prevención de seguridad vial y aún así, año tras año, registra mayores pérdidas humanas que superan los registros anteriores. El 2021 cierra con 7767 muertes como el año más mortífero del siglo y probablemente de la historia y, como si fuera poco, el 2022 se perfila a superarlo ampliamente proyectando que, de continuar la tendencia, tendríamos más de 8800 muertes al cerrar este año (datos DANE proyectados).

Queda entonces claro que el problema no es de recursos. El problema está en la capacidad real de ejecución y la definición de prioridades para salvar vidas. Que, como muchos otros temas que plantea atender la reforma tributaria, podrían igualmente ser atendidos con una política pública que trascienda del papel a la acción y privilegie el costo humano sobre el costo político.

Hoy, la seguridad vial exige ser atendida, no desde un Ministerio sino desde el más alto nivel del Ejecutivo. ¿Será la hora del cambio? Las acciones en el corto plazo serán determinantes para el futuro inmediato. Por un lado, el ejecutivo tiene el reto de reglamentar la ley Julián Esteban en tiempo récord, y por el otro, el Congreso deberá ejercer su control político y velar porque así sea, solo así podremos movernos hacia un verdadero cambio. Buen viento y buena mar.

1 thought on “Buen viento y buena mar

  1. La seguridad vial debe implementarse desde los hogares y especialmente en los centros e instituciones educativas del país. El estado creó la Ley 115 que en el Artículo 14 establece con carácter obligatorio la implementación de los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT), los que se convierten en un excelente aliado del docente como estrategia pedagógica para mejorar las estrategias de enseñanza.
    Son cinco los proyectos que se deben implementar en cada institución educativa, uno de ellos es el Proyecto de Seguridad vial y convivencia, en el que se destaca la responsabilidad y el conocimiento que cada persona (estudiante), debe poseer en este tema para una sana convivencia y protección de su vida y la de los otros.

    Desafortunadamente estos proyectos son extracurriculares y tanto los docentes y directivos de las instituciones no les prestan la importancia y el valor social, comunitario y humano que cada proyecto posee.

    El gobierno nacional debe implementar estrategias para que este proyecto, y posiblemente otros, se cumplan y se desarrollen con eficiencia como medida para formar a las nuevas generaciones en estos vitales temas.

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